En el combate a la tortura, pide ONU a México atender el tema de la impunidad

*Ante la existencia de más de 4 mil 700 averiguaciones previas a nivel federal por tortura frente a un reducido número

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la existencia de más de 4 mil 700 averiguaciones previas a nivel federal por tortura frente a un reducido número “desproporcionadamente bajo” de sentencias condenatorias, expertos de la ONU exhortaron al gobierno de Enrique Peña Nieto combatir la impunidad en torno a la tortura y legislar al respecto conforme a los estándares internacionales.

En un comunicado, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas urgió al Estado mexicano a “la pronta adopción de la Ley General en materia de Tortura”, hasta ahora en suspenso, y llamó a “focalizarse más en la lucha contra la impunidad”.

Al recordar que el abatimiento de la impunidad “es una de las medidas preventivas más eficaces que pueden adoptarse contra la tortura y malos tratos”, Felipe Villavicencio, quien encabeza el grupo, advirtió que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.

En el documento se destacó que los expertos realizaron una vista de trabajo al país del 12 al 21 de diciembre, luego de que la anterior se realizara hace ocho años, en tanto que en esta ocasión presentaron sus observaciones preliminares de forma confidencial ante autoridades mexicanas con quienes se “mantuvo un diálogo cooperativo y fructífero”, así como con los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

De acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas al SPT, “a nivel federal actualmente existen más de 4 mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura”, pero “el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo”.

El grupo de expertos de la ONU, integrado también por Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveaass, visitó 32 centros de detención (reclusorios, estaciones migratorias, centros psiquiátricos y prisiones militares, entre otros), en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, donde “mantuvo un importante número de entrevistas individuales y colectivas confidenciales con personas privadas de su libertad”.

En el comunicado fechado en Ginebra, se resalta que la delegación del SPT se reunió también con autoridades, miembros de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que le permitió “identificar sólidos hallazgos sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, los que fueron compartidos de manera confidencial con autoridades mexicanas”.

Sin definirse la fecha, se señala que el SPT presentará sus observaciones y recomendaciones finales para la prevención de la tortura y los malos tratos de las personas privadas de su libertad en “un informe confidencial”.

“Como a todos los otros Estados partes del Protocolo Facultativo, el SPT alienta a México a hacer público el informe, como ya lo hizo luego de su visita en 2008”, señala el comunicado.

Villavicencio celebró “la cooperación brindada por las autoridades”, que dieron “acceso irrestricto e inmediato” a los sitios que el equipo del SPT quiso visitar “de manera no anunciada”.

Para el jefe de la delegación, con ello “el compromiso de México con la prevención de la tortura fue demostrado”, tras recordar que México “fue uno de los pioneros de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”.

Al término de la visita, el jefe de la delegación hizo votos porque ésta “contribuya a los avances en la lucha contra la tortura y los malos tratos en México y lleve a un mayor respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad”.

En tanto, en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, se informó sobre la reunión en la que los expertos entregaron su informe preliminar.

En el encuentro estuvieron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián; y los subprocuradores de Derechos Humanos y de Investigación de Delitos Federales de la PGR, Sara Irene Herrerías y Felipe de Jesús Muñoz. Se menciona, sin mayor detalle, la presencia de representantes del Consejo de la Judicatura y del Senado de la República.

De acuerdo a la versión oficial, el subsecretario Ruiz Cabañas consideró que las observaciones del mecanismo internacional de derechos humanos “serán de relevancia para el fortalecimiento de las acciones de las autoridades en los tres niveles y órdenes de gobierno, para la prevención efectiva de la práctica aberrante de la tortura y los malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y avanzar así en su erradicación”.

Campa Cifrián se refirió al proyecto de Ley General sobre Tortura y se pronunció por un “proceso de diálogo con el Congreso de la Unión, que permita asegurar que la eventual legislación se apegue a los más estrictos estándares internacionales y pueda ser aprobada lo más pronto posible”.

En tanto, el subprocurador Muñoz Vázquez se comprometió a erradicar la tortura “y destacó la prioridad que representa para la institución el fortalecimiento de las capacidades de los agentes del Ministerio Público, para atender adecuadamente los desafíos en la materia”.

Según el comunicado del gobierno federal, los expertos de la ONU tuvieron acceso a personas aseguradas en centros de readaptación social, estaciones migratorias, centros psiquiátricos y prisiones militares, en tanto que tuvieron “encuentros de alto nivel con autoridades de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina-Armada de México, de Salud, así como de la Comisión Nacional de Seguridad, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, del Instituto Nacional de Migración y de la PGR”.

Asimismo, tuvieron reuniones con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, de la CNDH, que tiene como funciones la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y con senadores.

El comunicado señala que con la visita del SPT “el gobierno de la República reafirma la importancia de la apertura y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, para complementar y fortalecer las acciones para una efectiva protección y promoción de las libertades fundamentales de toda las personas en nuestro territorio, en especial en lo que toca a la prevención y erradicación de la tortura y los malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.